El ministro de Seguridad ha propuesto que los conflictos estudiantiles sean considerados delitos penales, sin considerar otras dimensiones del problema educacional, tales como la ausencia de perspectivas de futuro del estudiantado, ni el incremento de alteraciones de salud mental, entre otros aspectos.

La Ley Katherine Yoma no es una ley de castigo. Es una ley de reparación, de cuidado, de dignidad. Es una ley de homenaje póstumo. Es una respuesta concreta a un sistema que ha sido históricamente indiferente frente al sufrimiento de quienes sostienen la educación pública desde el aula.

Camila Rojas, diputada patrocinante del proyecto, recordó que "la gran mayoría de las comunidades educativas y de los expertos en educación se expresaron en contra de esta ley, pues era previsible que iba a haber criminalización y persecución".

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