Joaquín Segundo Montecinos Rojas (44 años) fue secuestrado el 8 de octubre de 1973 en la población San Ramón, comuna de La Granja. Su cuerpo, con múltiples impactos de bala, apareció el 11 de octubre, en Cerrillos.

Organización advierte que hasta el día de hoy, "se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural".

Auditoría a la Subsecretaría de Prevención del Delito constató que no se cumplieron las bases del proceso, efectuado en 2020, y que involucró un monto de $378 millones.

Carlos Segundo Araya Fuentes, Óscar Emilio Araya Fuentes y Manuel Antonio Valencia Norambuena fueron detenidos el 6 octubre de 1973, en la población San Gregorio.

Documento presentado por los uniformados detalla que la querella "va en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio a carabineros, en el ejercicio de sus funciones (…) en grado de ejecución frustrado".

El hecho se generó luego de que una mujer evadiera un control policial, al no poseer documentos de una motocicleta, por lo que se generó una persecución que finalizó en una vivienda que también funciona como un taller mecánico. Tras una discusión, Carabineros ingresó al domicilio de forma violenta a punta de golpes, originándose una pelea entre los uniformados y familiares de la persona involucrada, que terminó con la detención de cinco sujetos.

Funcionarios policiales le propinaron golpes por medio de pie y puño, con sus armas de servicio y con un objeto contundente, además de arrojarle agua caliente en sus extremidades inferiores.

Están movilizados en busca de mejoras salariales, las que no han sido respondidas favorablemente por el dueño de la empresa.

Ambos cumplirán con la medida cautelar en el anexo cárcel Sucre en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, mientras se define si son llevados a otro recinto. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, González Jure tuvo a su cargo $2.147.446.473, sustrajo $1.181.060.811 y se apropió de $123.740.000 y US $ 4.000. y Villalobos habría tenido a su cargo $982.062.319, sustraído $ 606.492.429 y se habría apropiado de $67.461.000.

La iniciativa también inhabilitaba a quienes cometieran estos delitos para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.