Tras ser detenidos se les imputó una tentativa de robo en lugar habitado, por ese inmueble que ni siquiera contaba con una puerta de entrada completa o una cama para dormir. Hoy, la Fiscalía de San Antonio pide 6 años de cárcel para los activistas, lo que se compara a una condena por el delito de homicidio frustrado simple. No intentaron matar a nadie, en cambio, buscaban levantar un espacio para operativos de salud comunitaria y talleres de oficios. El fiscal del caso no quiso hablar con este medio.