“La revolución será espiritual o no será” decía un grafiti para el estallido social, frase inspirada en la original “la revolución será feminista o no será”. Y ahí sí, ahí están las salidas para la izquierda, digamos para la sociedad.

Cada tropiezo alimenta la narrativa de Kast sobre la incompetencia del Gobierno, al cual acusa constantemente. Cada promesa incumplida nutre el descontento que el Partido Republicano canaliza con eficacia electoral.

La lucha de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio es la lucha de toda la clase trabajadora y su inminente desalojo una expresión viva de la brutalidad capitalista que nos gobierna.

Sin proyecto, sin programa, sin alternativa, no existe esperanza. Y sin esperanza, triunfa el oscurantismo. Sin un horizonte de cambio social, las clases populares sucumben al discurso redentor.

¿Por qué, entonces, este ciclo culmina con la peor derrota electoral y sin avances significativos para las agendas de las izquierdas? A continuación, se presentan brevemente seis puntos que, sin pretender explicar por sí solos el problema, ofrecen algunas coordenadas para interpretar y discutir sobre una crisis que va más allá de un mal resultado electoral.

La ex convencional constituyente Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachu, va como candidata a diputada por el distrito 12, que abarca las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Su propuesta busca fortalecer la voz de los territorios y llevar al Congreso las demandas de justicia social, participación ciudadana y seguridad comunitaria.

As the sixth anniversary of the Kayser factory fire approaches, attorney Alejandra Arriaza clarified in an interview with La Mañanera that the investigation into the deaths of the five victims "is ongoing" and criticized the partial leak of reports. She accused patterns of disinformation and serious state failures in the investigation.

Al cumplirse 6 años del incendio en la fábrica Kayser, Alejandra Arriaza, representante legal de los familiares de las víctimas, aclaró en entrevista con La Mañanera que la investigación por la muerte de las personas que fallecieron en el siniestro “está vigente” y criticó la filtración parcial de informes. Acusó patrones de desinformación y graves faltas del Estado en la investigación.

A seis años de la crisis de 2019, el INDH reporta que de sus 3,247 querellas por violaciones a los DDHH, solo 68 (2%) obtuvieron sentencia condenatoria. Calificó la respuesta estatal en justicia y reparación como "insatisfactoria" y anunció una evaluación integral para 2026 sobre verdad, justicia y garantías de no repetición, ante la gravedad de los hechos.

Six years after the Social Outburst, Senator Fabiola Campillai denounces that less than 1% of human rights violation cases have resulted in convictions, highlighting a state of impunity. She demands truth, justice, and reparations for the victims, whom she describes as abandoned, and calls for a grassroots approach to policy-making.