Los pescadores artesanales exigen al ministro de Economía Lucas Palacios que esta medida sea corregida a la brevedad y se declararon en estado de alerta "con el fin de hacer respetar nuestra dignidad y derechos".

Mediante un oficio emitido este viernes 30 de julio, el Contralor General de la República informó al Ministro de Economía que el artículo 68 del Código Tributario faculta al SII para sustituir la iniciación de actividades, en primera categoría, por normas de carácter general.

Acción fue presentada por el Sindicato de de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (Sipsa) y el Sindicato de Pescadores de Lanchas Caleta Sudamericana (Sipelanch).

Las dificultades económicas y los problemas sociales que sufren los pescadores artesanales y sus familias han quedado dramáticamente al descubierto debido a la emergencia sanitaria en que nos encontramos, debido a que como consecuencia de las cuarentenas, las restricciones y los confinamientos no les han permitido desarrollar su trabajo en forma normal. A lo que se suman otros factores como la depredación de los recursos marinos derivados de la indiscriminada pesca de arrastre y el alto precio del combustible utilizado en sus faenas.

"Lo que ocurre con las y los trabajadores de la pesca artesanal es una exclusión injusta y grave, en un rubro que también ha sido golpeado por las dificultades de la pandemia", declaró la diputada de Comunes, Camila Rojas.

"Rechazamos que el actual gobierno ignore el contexto de crisis política, social, sanitaria y ecológica para perpetuar, a través de su propuesta de políticas públicas sobre acuicultura, el modelo que se encuentra en cuestión y que la sociedad recién se apronta a discutir", plantean las organizaciones medioambientales.

"Esta victoria debe ser la antesala de la anulación de la corrupta ley Longueira y pavimentar el camino a una ley de pesca y a un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país".

La subsecretaria Alicia Gallardo, al frente de Subpesca, en vez de salir a corregir el reproche de fondo contenido en el fallo de la Corte Suprema y de ocuparse de implementar medidas urgentes para proteger desde el Estado la sostenibilidad de nuestras pesquerías, aprovechó su reunión de los días jueves con la Mesa Pesquera a la que convocó para influir sobre la Ley Corta (Pesca) que discute el Congreso, para poner en tabla su fórmula para no darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema

Desde la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal respaldaron la sentencia histórica de la Tercera Sala de la Corte Suprema y recordaron que por más de 25 años Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) avaló la pesca ilegal de la anchoveta dentro de las 5 millas en las Regiones de Arica y Parinacota y la de Tarapacá a favor de Corpesca y Camanchaca.

La pérdida de la diversidad biológica en los mares de nuestro país se da en un contexto de políticas neoliberales que posibilitaron a las élites empresariales cooptar al Estado: la ley Longueira-Piñera es lo más emblemático, a lo que le sigue Subpesca convertida en una institución funcional a las prácticas de devastación de las 7 Familias y de su industria de harina de pescado, por lo mismo los planes de recuperación de los ecosistemas y las pesquerías devastadas a 8 años de aprobarse la ley son un fracaso total.