La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Valparaíso engloba varias querellas en una sola causa, entre las que se encuentra los casos de las más de 20 personas fallecidas por el estallido, así como los cientos de personas que resultaron víctimas de trauma ocular.

Capillai señaló que Desbordes “no tiene idea de lo que está hablando, las balas no fueron rebote así lo comprobamos y yo lo viví así", dijo tras sostener una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

"No queremos más pactos con el gobierno, que nos ha hecho estas vulneraciones a nuestros derechos humanos, que nos ha asesinado. Queremos que se reconozca que existen presos políticos, que existen asesinados y las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, por eso estamos acá exigiendo la verdad para seguir visibilizando los casos y que no se queden como algo que ya pasó", afirmó el joven que fue aplastado por dos carros lanzagases en diciembre de 2019.

Durante la sesión de este jueves de la Convención Constitucional, donde se aborda la propuesta de una declaración sobre los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, Dorador recordó que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo 23 personas fallecidas y 3.838 lesionados hospitalizados.

“Estamos las dependencias del INDH porque esta agencia del Estado no ha aceptado la existencia de presos políticos y no ha dicho que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos como ocurre en la actualidad y como ocurrió en la revuelta”, expresaron los voceros de la manifestación pacífica.

La abogada de Defensa Popular, Betsabé Carrasco, recalcó que no existen “antecedentes suficientes para poder condenar a Jordano-quien se encuentra detenido en la cárcel de San Antonio desde hace un año y tres meses-por el delito de homicidio frustrado”.

El proyecto plantea "disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales"

La liberación de Lula y su virtual ventaja en las próximas elecciones, el triunfo de Fernández en Argentina, el corto interregno del golpismo en Bolivia y la vuelta al poder del MAS, además del avance de las fuerzas indígenas en Perú con Castillo, y en Chile, la protoconfiguración de un bloque de izquierda despegado de la gubernamentalidad neoliberal, indican que existe un kayros, un tiempo oportuno que es necesario domeñar.

Omar Jerez y Jeremy Ramírez habían sido condenados a finales de marzo de este año por el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por delitos menos graves que los acusados por el Ministerio Público.

Como parte de esta red se creó un grupo de WhatsApp, en el que participaban funcionarios municipales y Carabineros, quienes presionaban a funcionarios del establecimiento por delatar a estudiantes y entregar información sobre movilizaciones; sirviendo de insumos para iniciar procesos de expulsión a través de la ley Aula Segura, promovida por Alessandri.