Diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC), solicitaron la formalización de la ex jefa comunal por su eventual participación en relación al delito de malversación culpable de caudales públicos, y subsidio del delito de fraude.

La alcaldesa de Viña del Mar alertó sobre un posible encubrimiento y participación de múltiples funcionarios durante el periodo de Reginato. "Esto se hizo porque querían hacerlo o bien se hizo porque eran personas que no tenían la competencia suficiente para administrar un municipio", dijo.

Tribunal Calificador de Elecciones dio a conocer el fallo sobre la acusación por notable abandono de deberes en contra de la ex alcaldesa y actual concejala, el cual la inhabilita por 5 años para ejercer cargos públicos.

“Tenemos una oportunidad histórica, y nuestro deber es darle la altura poniendo por delante a los que nos eligieron, pero también a los que no votaron por nosotros y que forman parte de una comunidad maravillosa llamada Viña del Mar”, afirmó la nueva alcaldesa.

Una vez más las páginas de la historia de este país plantearán una disputa que se da por intereses económicos en contra del bienestar y la vida de barrio de muchas familias, así como de la conservación del patrimonio.

La concejala Laura Giannici (DC) comentó que las inversiones del municipio fueron pocas y que la pandemia no puede ser una excusa debido a que se trata de una problemática que afecta a todo el país.

En 2019, tres concejales solicitaron a dicho tribunal la destitución de Reginato "por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa".

El caso «Presupuestos Falsos de la Municipalidad de Viña del Mar» investiga la adulteración de dineros para ocultar el déficit de $17.500 millones.

El terreno destinado inicialmente a funcionar como la Sede del Hogar de la Madre Campesina en dicha comuna, actualmente forma parte del proyecto Edificios Aires, de la inmobiliaria Nueva Costanera.

Virginia Reginato (UDI) enfrenta actualmente varias acusaciones por un millonario déficit fiscal -más de 17 mil millones-, a lo que se suman cuestionamientos por pagos indebidos a proveedores e incluso una querella por fraude al fisco.