Como parte de las torturas, una de las víctimas fue amarrada desnuda a la parte trasera de un vehículo, que la arrastró por varios metros. Hechos ocurrieron en el denominado "Fuerte Borgoño", al interior de la Base Naval.

Acción fue presentada por el Sindicato de de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (Sipsa) y el Sindicato de Pescadores de Lanchas Caleta Sudamericana (Sipelanch).

"Durante este proceso la empresa ha definido no incorporar incrementos reales en el sueldo base, así como tampoco mejoras sustanciales en nuestro contrato colectivo. Esto a pesar de que la empresa logró millonarias utilidades durante el año 2020", señalaron los trabajadores.

Empresa arriesga una multa de hasta 18 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTA), la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) e incluso la clausura del proyecto, el cual busca la extensión de su vida útil hasta 2040.

"Pese a haber ganado largamente sus proyectos, la anterior administración del intendente Martínez nunca quiso reconocer los méritos de los proyectos y girar las platas en la forma que correspondía", afirmó Rolando Stevenson, presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación del Consejo Regional.

Diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC), solicitaron la formalización de la ex jefa comunal por su eventual participación en relación al delito de malversación culpable de caudales públicos, y subsidio del delito de fraude.

Máximo tribunal ordenó la paralización de la ejecución y tramitación del proyecto mientras no obtenga la aprobación medioambiental correspondiente, para lo cual deberá ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la ocasión también se llevaron a cabo mediciones de la características físicas y químicas de uno de los pozos del sector bajo de Laguna Verde, resultados que posteriormente mostraron una elevada concentración de sales disueltas, indicando que el agua extraída no sería apta para el consumo humano ni para el riego.

"Queremos dejar muy claro que las órdenes de desalojo de este tipo son autorizadas por el Ministerio del Interior y sus representantes en la región", afirmaron desde el GORE en una declaración pública.

Iniciativa fue presentada por los senadores de RN Juan Castro, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, más el UDI David Sandoval.