El hallazgo en 1978, de los cuerpos de las quince víctimas detenidas en Isla de Maipo fue la primera prueba cierta de la violencia de la dictadura cívico-militar chilena. Tras este hecho, las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a encubrir los asesinatos o “ajusticiamientos” realizados a lo largo del país durante los cinco años anteriores, mediante un plan de remoción de fosas al que se le denominó “Operación Retiro de Televisores”. Con ello buscaban garantizar la desaparición definitiva de las víctimas.
