Tras el veredicto del TOP de Temuco que acredita judicialmente el montaje de Carabineros de Chile en el Caso Huracán, el 12 de enero la defensa de uno de los seis condenados, el excapitán Leonardo Osses, solicitó rebajar la condena basándose en el caso derivado del asesinato de Matías Catrileo cometido por el excabo Walter Ramírez, caso que está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia.

"Esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en un tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso para detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad. El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que a un país entero", manifestó la legisladora, quien expresó su apoyo y solidaridad a Gustavo Gatica.

La impunidad judicial que existió en la dictadura está volviendo a existir. Se sorprenden por lo que ocurre en otros países, pero callan por las violaciones a los derechos humanos en el nuestro. Aún es posible revertir esta calificación jurídica por la Corte de Apelaciones de Santiago o por la Corte Suprema, lo cual esperamos que ocurra en los próximos meses.

"Cualquiera pudo ser víctima de Crespo. Cualquiera de nosotras que íbamos a la Plaza Dignidad porque queríamos recuperar la dignidad para Chile. Pudo haberle ocurrido esto a cualquiera", señaló la diputada Lorena Pizarro.

Para Andrea Zondek, presidenta de la Fundación Tacal, "no existe razón para que las personas con discapacidad sigan siendo igual de pobres que hace dos años cuando en el resto del país esto no sucede".

Director de la entidad en Chile planteó que el derecho a la manifestación pacífica está en peores condiciones hoy que en 2019: "No hubo una ley que regula el uso de la fuerza, no hubo una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile, y sí se aprobó la ley Naín Retamal, que hoy se utilizó para otorgar un manto de impunidad a quien fue declarado por los tribunales como responsable de haber dejado ciego a Gustavo Gatica", afirmó el abogado Rodrigo Bustos.

El diputado por la región del Maule planteó se trata de una crisis medioambiental con antecedentes históricos, cuya expresión más grave obligó a las autoridades sanitarias a decretar emergencia sanitaria. “No es un problema nuevo. Es quizás la manifestación más severa que se ha registrado hasta ahora en el Lago Vichuquén”, afirmó.

El 3 de enero no fue un relámpago aislado, sino el momento en que la guerra se puso el uniforme. Lo que ya se ejecutaba por vías económicas y jurídicas, como guerra no convencional, se ejecutó ahora por vía armada.

La gobernanza migratoria no es solo “control de fronteras”: implica cómo Estado, empresas, agencias y medios de comunicación asumen responsabilidad civil frente a la movilidad. Hoy esa gobernanza es débil: se criminaliza a personas migrantes mientras se tolera el lucro de intermediarios.

Una constelación de formas humanas y no humanas que invitan a reconsiderar nuestra condición mineral, poniendo en tensión las fronteras entre cuerpo, materia y paisaje