En solo siete meses 45 seremis, tres ministras, seis subsecretarios y un delegado presidencial, han abandonado sus puestos dentro de la administración del mandatario de ultraderecha, quien enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para conformar equipos, especialmente en las regiones

La propuesta presentada por La Moneda contempla un recorte superior a los 28 mil millones de pesos em la Ley Ricarte Soto, lo que implica una disminución de casi el 14,5% para costear tratamientos de alto costo y diagnósticos complejos

El exministro de Hacienda instó a las administradoras a entregar explicaciones y disculpas, además de estudiar alternativas que permitan compensar a los afiliados del Fondo E que registraron pérdidas entre enero y septiembre de 2026

La relación bilateral entre Chile y el Reino Unido ha cruzado un umbral que trasciende lo protocolar

El periodista —sobrino nieto del cardenal Raúl Silva Henríquez— recuerda un almuerzo familiar de 1975 donde escuchó nacer la idea de la Vicaría, y desde su rol como subdirector de la revista Análisis reconstruye el vínculo entre los medios democráticos y una institución que —a juzgar por el odio del régimen— supo medir su propia importancia.

En este escenario, pensar en el término de la concesión y en una eventual administración estatal no parece una idea descabellada, sino una alternativa que merece ser discutida seriamente. Al fin y al cabo, si otros países han optado por liberar sus autopistas de peajes una vez vencidos los contratos y revisar las deudas de sus usuarios, ¿por qué Chile no podría evaluar un camino similar?

"¿Qué hacían dos carabineros en medio de la turba que atacó las dependencias de la Universidad San Sebastián? ¿Qué labores cumplían?", fueron algunas de las preguntas que el fiscal José Morales hizo a la institución uniformada en mayo de 2021. Hoy, a 7 años de los hechos, el medio de investigación periodística Reportea reveló detalles clave que explican por qué la causa no prosperó.

Desde Codepu cuestionaron que "más del 80% de las querellas terminó por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en las investigaciones, menos del 10% de las causas lograron formalizar a eventuales responsables y un mínimo porcentaje logró sentencias condenatorias", mientras que la Comisión Chilena de DDHH -junto a la ANEF- calificaron como "vergonzosos" los intentos de "indultar o reducir penas a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estallido Social".

Gobierno ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados para reformar el Instituto, lo que implica, entre otras cosas, una reducción del 50% de su dotación regional y un recorte del 70% en el número de abogados de la unidad de protección.

Gremio de funcionarios de la protección especializada denunció que la autoridad del Servicio anunció la entrega del beneficio para octubre sin contar con el decreto tramitado. Advierten que la falta de gestión afecta gravemente a quienes sostienen el sistema de residencias, golpeado por la sobrepoblación y la sobrecarga laboral.