Orden judicial se enmarca en la presentación de 2 recursos de protección por parte de familiares de niños y niñas en transición, quienes califican como "arbitraria e ilegal" la petición de la contralora, enfatizando que no consideró los tratados internacionales de protección a la infancia, ni tampoco la Ley de Protección de Datos, entre otros textos normativos vigentes en Chile.