“Kast gozó de las regalías de la dieta parlamentaria, sueldos para pagar asesores, vales de combustible, teléfono y oficinas durante 16 años a cargo de los contribuyentes (...) El mismo Valenzuela entra dentro de la categoría de parasitismo que describió, habiendo estado durante 20 años a la sombra de instituciones estatales”.

La presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini, señaló que los documentos presentaban “inconsistencias evidentes” y los catalogó como “completamente irrelevantes”.

Detrás de las promesas de combate a la delincuencia y desarrollo, el programa económico del candidato republicano plantea un severo ajuste fiscal del orden de 21 mil millones de dólares. Economistas alertan que dicha cifra equivale a un 8% del PIB de Chile, lo que provocaría una fuerte desaceleración en toda la cadena productiva.

El SII seleccionó a 63 contribuyentes que presentan un mayor riesgo de incumplimiento tributario, como la subdeclaración o no declaración de ingresos, quienes serán sometidos a procesos de auditorías especiales, con el objetivo l de verificar si corresponde que reconozcan estas rentas de fuente extranjera, además de pagar los impuestos correspondientes en nuestro país.

Mientras dirige la comunicación de la campaña de Kast, María Paz Fadel recibe $1,5 millones mensuales como asesora de una diputada. El cruce entre funciones electorales y fondos estatales prende las alertas.

La Comisión Permanente del Congreso de Honduras denunció la existencia de un “golpe electoral en curso” y advirtió que no validará el proceso electoral del pasado 30 de noviembre, al que calificó como “manchado por presiones internas y externas”.

Se calcula que mientras ejerció como diputado por la RM, el republicano recibió alrededor de $2.332 millones en remuneraciones directas y cerca de $2.870 millones en asignaciones para personal, oficinas, traslados, asesorías y difusión. Es decir, durante 16 años, una parte sustantiva de su vida profesional dependió de recursos públicos provenientes de los impuestos que paga toda la ciudadanía.

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de los EE.UU., lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia”, planteó el líder progresista.

“Vamos a seguir buscando hasta encontrarlos, porque la sociedad completa debe hacerse cargo de lo que significa la desaparición forzada en este país”, afirmó Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini criticaron la decisión de anular la votación de la comisión revisora y retrasar el proceso, asegurando que los antecedentes remitidos “no guardan relación con el fondo de la acusación”. En un duro comunicado, acusaron intentos de encubrir redes de poder vinculadas al caso Hermosilla y la llamada “Muñeca Bielorrusa”.