El "libertario" apelará el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, que dictó la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, tras determinar que la administración pública no tiene facultad para dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.