La propuesta también estipula que tras la entrada en vigencia de la reforma y en un plazo de 12 meses, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley para crear un servicio especializado en la reinserción social.

"Es un tema sumamente cuestionable. La posición nuestra es que no es procedente un nuevo fuero parlamentario, toda vez que los hechos que se le imputan al diputado fueron cometidos en el ejercicio de su cargo precisamente como diputado, y la protección que se brinda es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o de senador", señaló el fiscal Hernán Libedinsky.

Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, destacó que este histórico avance "no habría sido posible sin la voz y persistencia de las personas cuidadoras y sus organizaciones (...) Esperamos que el próximo gobierno implemente plenamente la ley que el Congreso despachó, porque los cuidados son una política de Estado y las familias no pueden seguir esperando", enfatizó.

Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara para exponer los fundamentos del proyecto, el cual -dijo- recoge "una demanda histórica del mundo del trabajo y es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric".

"Esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en un tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso para detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad. El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que a un país entero", manifestó la legisladora, quien expresó su apoyo y solidaridad a Gustavo Gatica.

"Cualquiera pudo ser víctima de Crespo. Cualquiera de nosotras que íbamos a la Plaza Dignidad porque queríamos recuperar la dignidad para Chile. Pudo haberle ocurrido esto a cualquiera", señaló la diputada Lorena Pizarro.

Iniciativa explicita el mandato para que los tribunales informen sobre las condenas por VIF a la Superintendencia de Pensiones, en cuanto órgano regulador, el cual entregará la información a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y aseguradoras. Ministra Antonia Orellana participó en la sesión y destacó el alcance del proyecto.

Iniciativa busca establecer constitucionalmente que el Presidente de la República de Chile debe llevar las relaciones internacionales conforme a la normativa del derecho internacional que el mismo país ha suscrito. "No queremos un Trump en Chile", manifestó la diputada Javiera Morales, mientras su colega Luis Cuello afirmó que "no es admisible que se produzcan gestos de servilismo, de debilidad, de subordinación frente a acciones unilaterales que violan el derecho internacional".

La situación fue advertida por algunos parlamentarios en la misma sesión. Daniel Núñez (PC), pidió la palabra y avisó que "está en toda la prensa mundial que la justicia de EEUU desestimó y dijo que esa organización no existía. Entonces cómo el Senado de Chile va a votar este proyecto", cuestionó el legislador. "Papelón" y "ridículo total" fueron algunos de los comentarios que más se escucharon en los pasillos del Congreso tras la votación.

Acusa a la iniciativa de buscar beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos graves. El proyecto de ley no se votó en la jornada de este martes 6 de enero, por lo cual deberá ser reprogramada.