Debido a la no presencia de la ministra Trinidad Steinert y de su subsecretario, Andrés Jouannet, la sesión no pudo llevarse a cabo, causando descontento y cuestionamientos en todo el espectro político, incluyendo a personeros del oficialismo, como el senador Rodolfo Carter, que calificó la situación como "impresentable".

Parlamentaria dijo tener algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunas normas procesales que se incluyen dentro del proyecto presentado por el gobierno de Kast.

A través de un artículo único, la iniciativa establece que se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando estos hechos sean perpetrados por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación directa hacia las personas.

Legisladoras recordaron que el artículo 37 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres establece la obligación del Ministerio de la Mujer, a través del Sernameg, de querellarse en este tipo de casos.

Proyectos como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el control migratorioy el refuerzo de la seguridad en recintos educacionales, entre otros, serán parte de las iniciativas que la mesa del Senado buscará coordinar con el Ejecutivo para legislar de manera "urgente".

Entre las medidas que se disponen como agravantes se cuentan la adulteración o mezcla de sustancias, incrementando el posible daño a la salud pública; el uso de embarcaciones o aeronaves para trasladar sustancias ilícitas; y la simulación y tecnología en comercio exterior con el fin de encubrir tráfico internacional.

La propuesta plantea incorporar una norma transitoria en la Constitución para derogar los decretos dictados por el Gobierno —incluidos los del Ministerio de Hacienda y Energía— que modificaron el cálculo del precio de los combustibles, permitiendo así volver a los valores vigentes al 25 de marzo.

Actualmente, la legislación vigente no impide que exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Orden perciban simultáneamente su pensión de retiro y una remuneración estatal, "generando en consecuencia una situación de privilegio respecto del resto de los trabajadores, y un uso cuestionable de los recursos públicos", afirmaron las y los parlamentarios impulsores de la iniciativa.

La propuesta autoriza a los extranjeros que cotizan o han cotizado en alguna AFP, a retirar sus fondos y llevárselos a sus países de origen, o bien ocuparlos en buscar nuevos destinos para vivir.

La parlamentaria contó con el respaldo transversal de los senadores integrantes de la instancia: Fidel Espinoza (PS), Ricardo Celis (PPD), Matías Walker (Dem) y Enrique van Rysselberghe (UDI), dando cumplimiento al acuerdo administrativo de los comités parlamentarios de la Cámara Alta.