El crimen de Ramón Donato Navia Martínez, dirigente comunista y víctima de la dictadura, llega a un fallo histórico: el ex marino Guillermo Retamales Ruiz es condenado a 10 años de prisión por homicidio, mientras se rechazan intentos de amnistía y prescripción. La familia sigue en busca de justicia plena.

La plataforma permitía agendar citas para solicitar asilo en Estados Unidos, pero con las nuevas políticas migratorias, las esperanzas se desvanecieron

El fisco deberá pagar una indemnización de $80.000.000 por daño moral a la víctima, quien fue detenido en septiembre de 1973 por agentes de la dictadura y sometido a torturas en la comisaría y en el regimiento de la ciudad de Chillán.

Las víctimas de desplazamiento forzado de la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli exigen que se investigue y declare culpable a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura, entre los que señalan al yerno del dictador Augusto Pinochet.

Desde el Sename se encuentran realizando las investigaciones del caso y revisando el historial de vida del joven, "quien arrastraba una serie de consecuencias producto de una vida marcada por las vulneraciones".

El fisco deberá pagar una indemnización de $2.100.000.000 por concepto de daño moral entre los demandantes, quienes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

"Los mortales ataques en hospitales de Gaza y sus inmediaciones, y los combates asociados, han colocado el sistema sanitario al borde del colapso total, con un efecto catastrófico en el acceso palestino a la salud", denunció el informe de la ONU.

Los carabineros detuvieron al obrero el 30 de abril de 1974, en la comuna de Estación Central y posteriormente lo sometieron a torturas y vejámenes en unidad policial. La justicia condenó al Fisco a pagarle una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral.

“Para nosotros es un registro que vulnera los derechos y la dignidad del menor, aquí su propia madre, quien debiese cuidarlo, está exponiéndolo a una situación que ella sabe que le va a provocar una crisis autista, y aún así la provoca, solo para subirla a redes sociales”, afirmó la presidenta de Fenaut, Chantal Garay Soto.

La querella presentada por la exconvencional María Rivera (Lista del Pueblo) cita informes del INDH y denuncias de la fiscalía sobre torturas, secuestros, violaciones, homicidios y detenciones arbitrarias ocurridas durante el estallido social. Si bien la defensa de Yáñez intentó frenar la tramitación de la querella, el Séptimo Juzgado de Santiago declaró admisible la acción judicial y dio paso a una nueva investigación.