Este fallo revierte la decisión anterior del Tercer Tribunal Ambiental, que había rechazado la acción presentada por la Municipalidad de Valdivia en contra de la empresa minera Gogua, propiedad de Alex Gubernatis, por el daño causado en el Humedal Teja Sur.

Solicitaron al INDH que en las próximas gestiones se considere el cumplimiento íntegro de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en las que se llama a “redoblar esfuerzos" para dar con el paradero de la dirigenta mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.

La primera iniciativa establece un marco normativo para asegurar el cumplimiento de las sentencias, resoluciones, recomendaciones y observaciones emitidas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos con competencia respecto del Estado de Chile, mientras que el segundo proyecto deroga expresamente el Decreto Ley N.º 2.191 de 1978, que concedió amnistía a autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La historia de la ONU no es un libro cerrado y debe responder al clamor de los vivos. Si no lo hace, los 80 años no será un hito de renovación, sino una confirmación de que la organización sigue siendo escenario y no actor en la obra que más importa: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”.

El individuo, acusado de estafa, había logrado eludir por años a la justicia (desde 2021), siendo declarado a fines de 2024 como "prófugo". Juana Mardones, jefa de Unidad de Sala del Juzgado de Garantía de Los Lagos, dijo que después de revisar las cámaras, se confirmó que un gendarme lo dejó en libertad el mismo día en que fue detenido.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo sentenció a 13 de los 18 involucrados que fueron detenidos en la “Operación Oro Rojo” que permitió desmantelar una red dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre, que tenía como cabecilla a Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero y exprecandidato a alcalde por el Partido Republicano.

La iniciativa, que contó únicamente con el respaldo de parlamentarios de la derecha, avanzó en el Senado medio de una fuerte controversia, ya que. no distingue la gravedad de los delitos y podría beneficiar a criminales de lesa humanidad.

Ningún país que pretenda llamarse democrático y desarrollado puede tolerar que su riqueza se siga construyendo sobre la precariedad y la muerte de su pueblo trabajador para beneficio de unos pocos capitales extranjeros y algunas familias herederas de la dictadura militar.

“Siento el impacto y de inmediato perdí la visión completamente”, relató Gatica ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, comparando la situación con escenas de guerra, marcada por un “silencio absoluto y un pitido intenso”.

"Fue un desalojo forzoso porque todavía no se ha dado la última palabra de la Suprema", declaró Lorena Garrido, dirigente de la Recuperación Laguna El Manzano. "Lo más probable que esto llegue a una corte internacional, porque vamos a llegar hasta la última instancia por este caso", anunció.