La justicia australiana rechazó un nuevo intento dilatorio de Adriana Rivas, exagente de la DINA requerida por Chile por su responsabilidad en secuestros y desapariciones forzadas durante la dictadura, abriendo así camino para avanzar en su proceso de extradición por crímenes de lesa humanidad.

La negativa de la administración Trump a publicar los archivos y videos de Epstein no solo se hace para proteger a Trump, sino a la clase dominante. Todos pertenecen al mismo club.

Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Ramón Arias Unzueta y Juan Arturo Hernández Ponce a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.

"No vamos a permitir que estas muertes queden impunes. Chile merece saber la verdad y que se haga justicia. Un abrazo fraterno a las familias que hoy exigen respuestas y reparación", manifestó el parlamentario de la región de Valparaíso.

La indagatoria ha arrojado hasta el momento la comisión de una serie de delitos que van desde el cohecho al soborno, el enriquecimiento ilícito, la obstrucción a la investigación y el falso testimonio.

De acuerdo con el fallo, durante la emisión del programa “Tierra Brava – En Bruto”, Canal 13 "exhibió imágenes en un horario de protección para menores, pese a que el contenido incluía la representación de escenas de carácter marcadamente erótico".

Bajo la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga, al menos $974 millones provenientes del fondo Covid-19, fueron utilizados para pagar deudas preexistentes de la Municipalidad de Maipú con una empresa de recolección de basura, en lugar de destinarse a la compra de insumos médicos, equipos de protección o ayudas sociales.

"Lo ocurrido es de la mayor gravedad", reiteraron las y los ministros del máximo tribunal en una declaración emitida al término de una sesión extraordinaria convocada para abordar el caso.

Secretaria, madre de 2 adolescentes y militante del MIR, Violeta López apareció primero en la lista de la macabra "Operación Colombo" y luego, en 2005, en otra lista entregada por Manuel Contreras (jefe de la DINA) con los nombres de más de 580 personas que según el siniestro "Mamo", habían sido "arrojadas al mar".

Después de más de 20 años de lucha inagotable por parte de la comunidad, la Corte reconoció la gravedad del daño causado por la industria petroquímica, los riesgos manifiestos y evidentes para la salud, y la grotesca y desvergonzada forma en que la empresa decidió actuar por sí misma, sin esperar supervisión ni cumplir los estándares mínimos impuestos por la RCA.