Investigación determinó que los caudales extraídos afectaron a más de 5.000 usuarios pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua Sector Quillota (III Sección). DGA informó que remitirá los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que se investigue un posible delito bajo los términos de los artículos 305 y 307 del Código Penal, donde el o los eventuales responsables arriesgan penas de 61 días a 3 años de presidio.

Una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo recibió el ex capitán de Carabineros Hugo Jesús Medina Leiva, acusado como autor del secuestro calificado de Víctor Valdivia Vásquez, de 18 años al momento de su detención en octubre de 1973.

Docente resultó lesionado mientras huía junto a otras personas del accionar de los carros lanza agua y lanza gases, cuando al menos 3 funcionarios policiales les dispararon 33 perdigones de goma, no existiendo según el tribunal motivo alguno para realizar tal acción: "Ninguna conducta particular se ha atribuido al actor o al grupo de personas que huyeron junto a él. Ni saqueos, ni barricadas con fuego, ni agresión a carabineros ni otra similar", consigna el fallo.

Alejandra Donoso, abogada de la ONG Defensoría Ambiental, destacó que la ciudadanía organizada esté defendiendo la norma, y recordó que dicha unión es el resultado de lo sucedido "con el desastre ecológico causado por Celulosa Arauco en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en 2004, que significó la muerte de cientos de cisnes de cuello negro". "El hecho que se haya creado una norma para la Cuenca del Río Valdivia es efecto de una historia de defensa de 20 años por parte de las comunidades", indicó.

"Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a  condenados por crímenes de lesa humanidad. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables", indicaron los integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Debemos tener presente que los vecinos opositores al proyecto, muy bien asesorados, le exigieron oportunamente a la DOM de Zapallar que, tanto los CIP como el permiso de anteproyecto eran contrarios a derecho, pero dicha funcionaria municipal, pasándose de lista, solo inició la invalidación de los primeros, a pesar de que su obligación era invalidar el anteproyecto, y, si no lo hizo, se debe investigar a fondo esta negligencia.

Ahora, la decisión de la ministra en visita deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Caso se remonta a la noche del 19 de octubre de 2001, cuando Ricardo Harex González asistió al cumpleaños de un amigo y en horas de la madrugada se retiró, caminando hasta la estación de servicio Esso Market, ubicada en Diagonal Don Bosco en Punta Arenas, lugar desde donde desaparece hasta hoy.

En suma, nunca en la historia se mostró de manera tan clara, contundente e irracional el apoyo y la profunda complicidad, ya sea activa o pasiva, de las grandes potencias mundiales con un genocidio, pública y totalmente conocido, así como masivamente registrado.

Dentro su propuesta, el parlamentario planteó que "la gente que está siendo detenida debe pasar por la Policía de Investigaciones, ya que la PDI es la única que tiene vinculación con Interpol, y puede cruzar los datos para identificar a los detenidos".

El martes 5 de agosto la Corte de Apelaciones acogió recurso de amparo en favor de Luis Tralcal Quidel, ordenando a Gendarmería de Chile que respete sus beneficios carcelarios de salida controlada al medio libre. Sin embargo, Gendarmería se ha negado a cumplir cuatro resoluciones judiciales: “Esto por lo menos es un delito de desacato y próximamente presentaremos una querella por el delito de privación ilegal de la libertad”, señaló su abogado Sebastián Saavedra, presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur.