Desde el sitio de memorias denunciaron que "en este caso la Corte actuó sin razón legal para hacerlo" y que el arresto domiciliario a represores implica incumplir la obligación internacional de sanción efectiva.

ODECU exige avances en la tramitación de una demanda colectiva contra Bayer/Monsanto que busca una compensación de $200 millones por cada persona que desarrolló cáncer tras la exposición al herbicida Roundup.

Alertaron que están en peligro la igualdad de condiciones, la transparencia y el cumplimiento de acuerdos, y criticaron la falta de diálogo efectivo y la imposición de la modalidad virtual, "que son parte de prácticas de racismo institucional", afirmaron.

La víctima fue objeto de una detención ilegal, secuestro, torturas físicas, psicológicas, y vejámenes, ras su participación en el paro de la Universidad de Tarapacá, registrado en Arica en 1986, durante la dictadura de Pinochet.

El tribunal arbitral condenó a Isidoro Quiroga pagar casi US$ 300 millones al grupo chino Joyvio, que lo acusa de haber vendido la salmonera Australis por un monto de US$ 921 millones, ocultando información crítica sobre una serie de infracciones ambientales y sobreproducción. El fallo establece un incumplimiento contractual y marca un hito por la suma de la indemnización.

Amigos judíos del mundo, no defiendan ni tampoco impidan que se critique a un gobierno que está cometiendo un genocidio a vista y paciencia del todos los habitantes del planeta. Recalquen la diferencia entre el Estado de Israel y Netanyahu, que malos gobiernos o gobiernos asesinos los puede haber en cualquier país y lo que procede es rechazarlos.

En la causa, se condenó como autores del delito al exbrigadier de Ejército, Manuel Jorge Provis Carrasco, a 10 años de presidio; al también exbrigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, a 12 años; y al general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a 10 años. El joven era militante del PS y fue detenido en la ciudad de San Fernando un día después de contraer matrimonio. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.

Esta columna busca no sólo conmemorar una figura silenciada, sino también abrir una reflexión pedagógica, institucional y republicana sobre el rol de la lealtad democrática en tiempos de crisis.

Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Calisto donde lo acusa de promover la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios, a una sola persona, más de 100 millones de pesos.

Entre los hallazgos más alarmantes, el informe revela que 7 de los 10 compromisos asumidos por el Gobierno registran un 0% de avance en 3 años. Entre ellos se incluyen medidas como el reconocimiento público a defensores y defensoras; la elaboración de un diagnóstico nacional sobre su situación; la realización de campañas de sensibilización masiva; y la preparación de la red asistencial para apoyo en salud mental.