En conversación con El Ciudadano, la abogada de Codepu, Mariela Santana, recordó que desde el 8 de noviembre de 2024, han transcurrido casi nueve meses de la desaparición forzada de la dirigenta mapuche "y hasta ahora, la investigación no ha arrojado resultados y por el contrario, no ha estado exenta de trabas y sesgos".

La justicia civil determinó que el dictador se enriqueció injustificadamente mediante la sustracción de caudales públicos. La sentencia alcanza a 17 herederos, entre ellos Lucía Hiriart, y se dicta casi siete años después del cierre del caso Riggs.

"Seguimos topándonos con la impunidad biológica. Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas", señaló María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, dirigente del Partido Comunista desaparecido durante la dictadura de Pinochet.

"En 2022 se informó que la Corte Marcial investigaba casos de venta de armas al crimen organizado por uniformados y, posteriormente, que la Fiscalía había procesado a más de cien carabineros por delitos de narcotráfico", recordaron desde el GADFA.

"Hemos presentado a algunas autoridades el borrador de un proyecto de ley que propone que todo funcionario judicial en poder de un título técnico superior o universitario, reciba una asignación anual no menor a 10 UF. Un incentivo importante que favorezca a este empleado dedicado de su estamento aunque realice funciones tan nobles como estafeta, cartero o garzón..."

"La FACH y el Ejército son hoy objeto de un escaneo interno y de un debate público nacional, donde la pregunta inevitable es: ¿Están la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas en igual o similar situación de infiltración del narcotráfico?..."

"No estamos en presencia de personas empujadas por alguna precariedad a vincularse a uno de los peores flagelos que asoman en el mundo, el narcotráfico y su industria de destrucción y muerte (...) parece más probable que cuando estos funcionarios se corrompen, lo hacen por el acto de lucrar, dejando de lado cualquier otra consideración..."

La CIDH observó con preocupación que tras haber trascurrido más de siete meses desde la desaparición de la mujer mapuche y destacada defensora ambiental, no se ha podido dar con su paradero, ni se cuenta con información que permita esclarecer los hechos.

En el "Cuartel Terranova-Villa Grimaldi", la víctima recibió brutales torturas que fueron supervisadas personalmente por el criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff Marchenko.

Gabriel Boric, como figura que ha reivindicado el lenguaje de los derechos humanos y de la reparación histórica, tiene el deber político, ético y jurídico de indultar a Mauricio Hernández Norambuena. No hacerlo lo convierte en cómplice del mantenimiento de un orden represivo que criminaliza la resistencia popular y consagra la impunidad de los verdugos del pueblo.