Después de más de 20 años de lucha inagotable por parte de la comunidad, la Corte reconoció la gravedad del daño causado por la industria petroquímica, los riesgos manifiestos y evidentes para la salud, y la grotesca y desvergonzada forma en que la empresa decidió actuar por sí misma, sin esperar supervisión ni cumplir los estándares mínimos impuestos por la RCA.

El abogado Francisco Vergara, defensor de las víctimas, indicó que si el exalcalde de Cunco, Alfonso Coke, incumple con las medidas, podría cumplir la pena en la cárcel.

"Este proyecto se basa en el mismo sistema de garantías que ellos negaron a sus víctimas. Ellos no respetaron la integridad física ni psíquica, ni el derecho sagrado a la vida de las personas. Hoy reclaman morir tranquilos", cuestionó Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, en conversación con El Ciudadano.

La Corporación Bautista van Schouwen Vasey acusó a autoridades de Gobierno de incumplir acuerdos firmados y presionar para entregar el Sitio de Memoria El Morro al municipio de Talcahuano, el mismo que mantuvo el recinto en abandono durante años.

Lo que estamos presenciando es el globo de ensayo del fascismo en Estados Unidos. Es difuso, burocrático, y a menudo envuelto en legalismos. Pero está poniendo a prueba la misma pregunta que los nazis probaron en los años treinta: ¿Puede el Estado definir una clase de personas que ya no merecen derechos? ¿Y alguien lo detendrá si lo hace?

La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, defendió su accionar, negando cualquier intención dolosa y atribuyendo el error a un problema administrativo. Además, desmintió categóricamente las acusaciones de haberse quedado dormida durante la audiencia de formalización.

"Este 16 de julio conmemoramos, con el corazón ardiente, los 73 años de Julia Chuñil Catricura, nuestra valiente guardiana de la naturaleza, madre amorosa y faro de resistencia. A sus hijos, nietos y familia, les envolvemos en un abrazo inmenso, lleno de esperanza y fuerza en estos 8 meses de su injusta desaparición forzada", indicaron desde la Coordinadora por Julia Chuñil.

“Los imputados se organizaron con el objetivo de transportar droga desde Iquique a Santiago, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos de la referida rama de las Fuerzas Armadas”, indicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

"Esta decisión es importante porque ratifica la vigencia de la Ley N°19.386, que establece los procedimientos especiales para la venta de estos bienes, garantizando que se respeten los derechos y quórums necesarios de los comuneros involucrados", destacaron desde el Movimiento No+Anglo.

Autoridades anunciaron la conformación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia, el Fiscal Nacional y el Poder Judicial, para revisar los protocolos y comunicación entre las diferentes instituciones del sistema penal chileno.