Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina, denuncia en un próximo informe que el genocidio en Gaza es "lucrativo" para empresas y bancos, con 200 compañías implicadas. Exige sanciones y cortar lazos con Israel. Denuncia la complicidad de la UE y llama a la acción ciudadana.

El parlamentario es acusado de promover la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios, a una sola persona, más de 100 millones de pesos.

En esta causa también existe una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra del parlamentario, que empezó a ser investigado a partir del caso seguido contra su esposa, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú.

Comunidad Mapuche de Temulemu manifestó su repudio por la detención del lonco, calificándola como "un nuevo hecho de persecución, atropello y vulneración hacia nuestra familia de parte del Estado de Chile y sus gobiernos".

La Policía de Investigaciones (PDI) ya levantó la alerta azul para ubicar al agresor del conserje de 70 años, Guillermo Oyarzún, lo que implica una coordinación con Interpol y la Policía Federal brasileña..

Desde la Comunidad Mapuche de Temulemu expresaron su repudio por la detención de la autoridad ancestral, calificándola como un "nuevo hecho de persecución, atropello y vulneración hacia nuestra familia de parte del Estado de Chile y sus gobiernos".

La Ley Katherine Yoma no es una ley de castigo. Es una ley de reparación, de cuidado, de dignidad. Es una ley de homenaje póstumo. Es una respuesta concreta a un sistema que ha sido históricamente indiferente frente al sufrimiento de quienes sostienen la educación pública desde el aula.

Desde hace pocos años, con la utilización masiva de la Inteligencia Artificial, las redes sociales y los teléfonos celulares, casi todo se sabe y por lo tanto es más sencillo hallar los engaños, siempre y cuando exista la voluntad de enfrentarlos, lo que sí está haciendo con convicción la Contraloría.

Según informó el Ministerio Público, se trata de un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos por los delitos cometidos, a través sofisticados mecanismos que les permitieron blanquear las ganancias y sacarlas de Chile.

Los uniformados cumplirán la prisión preventiva en dependencias del Ejército, mientras que la imputada civil lo hará en un centro penitenciario, informaron medios locales.