Simpertigue se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía, que inició una pesquisa formal para rastrear sus viajes y vínculos, en el contexto de la "trama bielorrusa", investigación centrada en eventuales actos de corrupción dentro del Poder Judicial y que habrían significado un millonario perjuicio económico a la empresa estatal Codelco.

La OJT solicitó la remoción del ministro ante la gravedad de los antecedentes —“viajes compartidos, vínculos no informados, participación en fallos de alto impacto económico y cercanía con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas,—imputados por cohecho”— que deterioran la confianza pública en la judicatura y afecta la legitimidad institucional del Poder Judicial.

Habrá que ver las repercusiones que podría tener que almirantes con más de 35 años de servicio, ahora comandando portaviones y submarinos nucleares, destructores y cruceros, estén finalizando su carrera destruyendo pequeñas embarcaciones civiles y asesinando pacíficos pescadores.

Lamentablemente los fallos han sido adversos, siempre favorables a Copec. En varios de estos fallos, tanto en la Corte Suprema como en la Corte de Apelaciones u otros tribunales, participaron ministros y abogados cuestionados públicamente, como la ministra Vivanco o el ministro Simpértigue, por mencionar algunos.

La acción judicial fue suscrita por más de 1.000 personas afectadas. "Esta demanda no es simbólica: es un precedente histórico. Es la primera vez que una comunidad completa se organiza, investiga, documenta y lleva a empresas de esta magnitud a responder por un siglo de daño ambiental e impacto en la salud humana", señalaron las y los demandantes en un comunicado.

Entre 2022 y 2024, las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73%, con especial impacto en adolescentes mujeres de 14 a 17 años. La institución advierte una problemática estructural en expansión y llama a fortalecer prevención, persecución penal y protección especializada.

A las diligencias, que se extenderán por una semana, han asistido familiares de las víctimas, quienes han seguido de cerca los trabajos que encabeza el ministro en visita: "Estamos buscando a nuestros compañeros que fueron ejecutados, así que estamos. Hay que saber de ellos, estamos en la búsqueda. Es importante que el Estado en estos momentos se ha hecho cargo de este daño que hicieron a nuestros familiares, así que ahora al Estado le corresponde también hacer este Plan de Búsqueda", indicaron desde la Agrupación de Familiares.

Investigación se inició de oficio en mayo pasado, al conocerse públicamente que 7 médicos que se desempeñaban en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) y en postas rurales de Pemuco, y otros 3 médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O´Higgins y Metropolitana, habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos.

Vivanco, investigada por cohecho, sobornos y lavado de activos en la trama bielorrusa insiste en presentarse ante la opinión publica como una "víctima". Sin embargo testimonios de relatores de la Corte Suprema revelan que habría ejercido presiones, solicitudes inusuales, maniobras irregulares y gestiones fuera de los protocolos establecidos frente al tratamiento de al menos seis causas tramitadas en la Tercera Sala del máximo tribunal del país.

La exDideco de Vitacura Antonia Larraín aceptó su responsabilidad en 20 delitos de fraude al Fisco mediante juicio abreviado. Recibió cinco años de libertad vigilada intensiva, una multa de $48,5 millones e inhabilitación por una década para cargos públicos. Su testimonio es pieza clave en la investigación que apunta al exedil, quien enfrenta cargos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.