Según el fallo, la víctima tenía 23 años, era un estudiante y dirigente comunal de Las Condes y militante de la Izquierda Cristiana. Fue detenido y torturado por Carabineros en 1985 y 1988 en plena dictadura de Augusto Pinochet, recibiendo golpes de pies, puños y culatazos.

El 6 de diciembre, los vecinos realizaron una asamblea convocada por los delegados de los distintos sectores del campamento para conocer de primera mano y democráticamente, la propuesta de cómo enfrentar las medidas judiciales en su contra y conquistar la radicación definitiva elaborada junto al abogado y el arquitecto que los acompañan.

Nuestra producción, especialmente en la agricultura y la minería, no habría tenido tanto auge sin este trabajo migrante, como tampoco nuestras exportaciones alcanzarían aquellas abultadas cifras con que tanto se ufanan la política y las organizaciones patronales.

Documentos entregados por la defensa a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional incluyen factura a su nombre, pero no los comprobantes bancarios que acrediten el pago. El abogado de Simpertigue reconoció en la instancia que Mario Vargas pagó con su tarjeta, pero aseguró que hubo reembolso por parte del suspendido ministro de la Suprema, sin presentar pruebas que demuestren que esa transacción se concretó.

Delegaciones de nueve países, movimientos sociales y organizaciones reunidas en el II Encuentro Regional en Medellín exigen a los gobiernos de América Latina y el Caribe romper alianzas con la OTAN, frenar la militarización y defender la soberanía de una región declarada Zona de Paz.

La presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini, señaló que los documentos presentaban “inconsistencias evidentes” y los catalogó como “completamente irrelevantes”.

La cuenta @Kasterizador —identificada por informes internos de Chile Vamos como una “cuenta madre” del ecosistema troll pro-Kast y mencionada por Matthei entre los ataques coordinados que atribuyó al entorno republicano— publicó una amenaza de muerte contra la candidata presidencial Jeannette Jara.

"Cuando las autoridades no cumplen con los estándares mínimos de probidad es nuestro deber fiscalizarlos", declaró el concejal Andrés Argandoña, mientras su colega, Alejandra Valle, afirmó que le parece "gravísimo que el alcalde esté amenazando a los concejales con querellas personales, de derecho privado, para intentar acallarnos cuando estamos realizando nuestra labor de fiscalizar".

El alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz (Ind-Chile Vamos), ratificó la vigencia del convenio que une a Pedro Burgos con el municipio, argumentando que el principio de presunción de inocencia lo ampara mientras se tramita el proceso de apelación ante el Tricel.

La Corte de Apelaciones de Temuco determinó que “no se consignó la existencia de ninguna hipótesis de flagrancia, ni se verificó que los amparados hubiesen realizado conducta alguna que justificara el empleo de técnicas coercitivas de inmovilización, ni mucho menos que legitimara la aplicación de fuerza potencialmente lesiva, como compresión cervical o reiterada exposición a sustancias irritantes”.