Amnistía Internacional exige al Congreso de Estados Unidos que detenga los ataques aéreos en Latinoamérica y el Caribe, que han causado al menos 57 muertes, calificando estos actos de asesinatos ilegales, ya que las víctimas no constituían una amenaza inminente y se les negó el derecho a un juicio justo.

El medio Interferencia reveló que una empres vinculada con el hijo del expresidente fallecido enfrenta una querella por usura y estafa, en la que se le acusa de haber creado un circuito cerrado de sociedades para prestarse dinero a sí mismos, cobrando intereses ilegales disfrazados de comisiones.

La senadora arremetió contra la candidata presidencial, luego de que afirmara que la iniciativa en Derechos Humanos para muchos se trata de una represalia.

Ministro informó además que en la exhumación se encontraron los restos de las extremidades de Jorge Peña Hen, director de orquesta que fue ejecutado por los agentes de la Caravana de la Muerte, y cuyo cuerpo incompleto fue entregado en la década de los 90 a su familia.

Es valorable que nuestros tribunales puedan aplicar el derecho de forma acertada e imparcial, aun en casos mediáticos y complejos, de forma independiente de los vaivenes de la opinión pública. Eso es lo esperable en un Estado de Derecho.

"Si existiera una guerra real, se aplicaría otro conjunto de normas: el derecho internacional humanitario. Por eso la administración insiste en describir a presuntos traficantes de drogas como participantes en un conflicto armado imaginario. Pero eso no lo hace legal", afirmó Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch.

Nos preocupa la inacción del Gobierno y el silencio cómplice de todos y todas quienes aspiran a dirigir el país, quizás, por elecciones. Callar es revictimizar, negar la empatía y perpetuar el trauma, como también una estrategia de resguardo político antiético y violento.

La Operación Tormenta de Al Aqsa ha sido un hito fundamental, catalizador, para volver a colocar en el centro de la defensa, apoyo y solidaridad al pueblo palestino.

Con orden de no innovar solicitada, la familia yagán alegó ante la Corte de Punta Arenas que el desalojo vulnera el Convenio 169 y desconoce que el terreno fue restituido en 1994; su linaje remite a Úrsula y Cristina Calderón.

Ángel Valencia también criticó que el Poder Judicial no reconociera su parte de responsabilidad en la larga extensión del proceso judicial: "Pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en como esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio", señaló el fiscal nacional.