Un conjunto de juristas y congresistas coinciden que la Comisión de Investigación y Acusación carece por completo de facultades legales para tomar una medida de esa naturaleza, pues la Constitución reserva esa decisión a las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado y advirtieron que se trata de una trama «jurídicamente discutible» y «absurda» que solo busca generar desinformación antes de la segunda vuelta electoral