Diputado Marcos Barraza recordó que la PGU "da tranquilidad a adultos mayores con un piso mínimo garantizado, que es fundamental cuando se tiene bajas o miserables pensiones, y ahora eso está en riesgo", mientras que su colega, la diputada Daniela Serrano, cuestionó que Kast no esté cumpliendo su promesa: "No iba a recortar ningún derecho social y lo está haciendo", afirmó la jefa de bancada del Partido Comunista.

Ya no es amenaza ni letra chica presupuestaria: el Gobierno de Kast concretó un recorte al Fondo de Tierras de CONADI, una de las pocas vías estatales para responder a la demanda territorial de los pueblos indígenas.

Hacienda puso en la categoría de lo prescindible un fondo clave de la CONADI para compra de tierras indígenas, esto es, menos respuesta estatal y más combustible para un conflicto que sigue abierto.

El frente interno es muy decisivo, porque es el que provee las capacidades humanas para sostener un conflicto, y el que respalda políticamente una actividad que siempre es demasiado cruenta y difícil, como es ordenar y dirigir una guerra.

La acción cuenta con el respaldo de la Unión Europea y en Chile, ha activado las alarmas en sectores de derecha -dentro y fuera del gobierno- por las eventuales implicancias que tendría para el Mandatario nacional.

Yo me pregunto, con cada noticia de la que me entero día a día, ¿está Kast, acaso, empujándonos a un estallido social adrede? Puede ser. De hecho, los ingredientes que faltan para que esta época sea un nuevo Chicago Boys 2.0, son leyes moralistas y leyes represivas. Entonces, ¿qué mejor que tener el clima perfecto para generar leyes que favorezcan a las Fuerzas Armadas y policías para ejercer el máximo control en la población? Sería la gran resucitación de Pinochet.

Parlamentarias y parlamentarios advirtieron que "pese a que el Presidente de la República ha señalado públicamente que no existiría intención de aplicar estas medidas, dichas declaraciones no son vinculantes, mientras que la Circular mantiene plena validez jurídica al no haber sido modificada por otro acto administrativo".

La justicia sentenció al ex uniformado como autor de cuatro delitos de apremios ilegítimos cometidos contra civiles indefensos y esposados.

El cabo de la Armada que atropelló a Manuel Rebolledo es el único condenado de su institución que podría ser liberado por "defender la patria".

A través de documentos oficiales, exautoridades aclararon que la desvinculación de fue un proceso autorizado por la administración de Piñera.