La primera iniciativa establece un marco normativo para asegurar el cumplimiento de las sentencias, resoluciones, recomendaciones y observaciones emitidas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos con competencia respecto del Estado de Chile, mientras que el segundo proyecto deroga expresamente el Decreto Ley N.º 2.191 de 1978, que concedió amnistía a autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.