Legislación beneficia a acusados, investigados y condenados por este tipo de delitos durante el conflicto armado interno del país entre 1980 y 2000. Desde Human Rights Watch recordaron que en ese periodo "las fuerzas de seguridad peruanas cometieron graves abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos".