"Los imputados, particularmente los que detentan la profesión de médicos, habrían emitido licencias sin respaldos clínicos, generando ingentes perjuicios económicos directos al fisco de Chile, principalmente al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que es uno de los organismos que financian los subsidios por incapacidad laboral", planteó el magistrado Juan Carlos Valdés.