El empresario de ultraderecha fue denunciado por amenazas terroristas tras haber anunciado que fusilaría a los convencionales Jaime Bassa y Fernando Atria en julio de 2022. Sin embargo, el abogado Luis Mariano Rendón señala que solo la semana pasada tuvo el primer contacto con el comisario de la PDI a cargo de la investigación.

Al conocer la sentencia, el abogado Luis Mariano Rendón señaló: "Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1973, esta decisión judicial constituye una reparación moral y un acto de justicia histórica para las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es, al mismo tiempo, una advertencia hacia el futuro: En Chile nunca un responsable de violaciones a derechos humanos recibirá un reconocimiento oficial. Su destino será la cárcel o al menos, la ignominia".

Exclusivo: Tras las publicaciones sobre el General Ricardo Yáñez y “La Manada”, la autoridad policial envió una réplica a este medio, en donde dice no estar en calidad de imputado ni tampoco encubrir o proteger a “La Manada de Carabineros”. Sin embargo, El Ciudadano tuvo acceso a antecedentes y documentos que confirman la investigación en su contra por incumplimiento de deberes militares y desacato.

"La Fiscalía ha violado todas las normas establecida en el código procesal penal. Es un mecanismo excepcional que interfiere con el derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones. Deben ser utilizada de forma muy acotada por Fiscalía estrictamente para la investigación de hechos delictivos. todas las conversaciones de Llaitul que no tenían que ver con los hechos delictivos, nunca debieron ser ni siquiera transcritas, mucho menos incorporada a la carpeta investigativa", expresó Rendón.

Abogado Luis Mariano Rendón explicó que la querella se fundamenta en la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N° 3 del Código Penal.

"Más allá de estos informes (del Ministerio de Justicia y Subsecretaría de Fuerzas Armadas), el recurso sigue su tramitación y esperamos obtener un fallo favorable de los tribunales, como ya lo hemos obtenido en casos similares, y derrotar así no solo el culto golpista de los actuales mandos navales, sino también la complicidad del Gobierno de Boric", concluyó el abogado .

"Más allá de la filtración, estoy estudiando también acciones contra el mando policial responsable de haber ordenado un procedimiento absolutamente inadecuado para la gravedad de la denuncia. Si se denuncia a un grupo de sujetos portando armas automáticas, debió desplegarse un procedimiento que asegurase la superioridad numérica y de fuego de la policía por sobre los delincuentes", señaló el abogado querellante Luis Mariano Rendón.

Después de 11 días de agonía, el pasado 12 de mayo falleció la comunicadora Francisca Sandoval por el impacto de una bala en la cabeza, disparada por sujetos armados –amparados por carabineros- durante la movilización del Primero de Mayo en Chile. Francisca también había sido atacada en 2012 cuando fue atropellada intencionalmente por un móvil de Carabineros que le dejó heridas graves.

Los hechos se remontan al plebiscito de 2020, cuando apareció en la franja electoral de la opción Rechazo una publicidad de la organización denominada “Multigremial de FFAA, Carabineros y PDI”, en la que se usaron los símbolos de dichas instituciones.

Acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, en representación de Pedro Araya Corominas, hijo del capitán Arturo Araya Peeters, edecán naval del Presidente Salvador Allende, asesinado en julio de 1973.