El empresario Antonio Jalaff, imputado en el caso Factop, acusó a otros accionistas de Grupo Patio de forzar la venta de su participación a un precio desventajoso, mediante una "maquinación fraudulenta", causándole un daño patrimonial estimado en 700.000 UF (unos US$28,5 millones). En la querella solicitó que se cite a declarar a su hermano, Álvaro Jalaff.

La propuesta se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y busca transformar la actual mirada asistencialista por un enfoque de derechos humanos.

En su declaración ante la Fiscalía, Marcelo Medina, ex colaborador de los hermanos Jalaff, relató que en 2019 los empresarios compraron un lujoso yate en España por US$1 millón, a través de una sociedad constituida en las Islas Caimán, y que tuvieron como socio al exdirector del SII, Ricardo Escobar.

La totalidad del mundo comparte un mismo devenir histórico con Gaza, pues ésta es el campo de implementación de innumerables dispositivos, estrategias, prácticas y discursos necropolíticos.

Este no es solo un desafío social. Es una obligación ética, política y cultural: asegurar el futuro de Chile. Un país que le falla a su infancia es un país que se condena a sí mismo.

El imputado, al llegar al cruce ferroviario regulado en la Ruta 160 con Av. Daniel Belmar, en San Pedro de la Paz, cruzó en forma imprudente e irresponsable la línea férrea a pesar de estar las barreras abajo y el semáforo especial ya activado. Incluso el mismo tren que se aproximaba le tocó la bocina para advertirle el peligro, pero el sujeto hizo caso omiso y pasó igual, causando el mortal accidente.

“¿Alguien se va a hacer cargo de este tremendo dolor que significa la práctica de la desaparición forzada, entendiendo el contexto en que se dio?. ¿Quién dijo que nosotros solo queremos encontrar huesos?. Esto es un insulto a nuestros familiares y de una acción de una indolencia y de una inhumanidad solo propia de un sujeto como Kaiser”, afirmó la diputada y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En América Latina, la desaparición forzada se instaló como política sistemática a partir de los años sesenta en Guatemala y luego se expandió a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. La práctica fue perfeccionada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el influjo geopolítico norteamericano.

Invertir en un postnatal extendido es apostar por la prevención y por la equidad. Países como Suecia, Noruega o Canadá ya cuentan con postnatales de 12 a 16 meses, acompañados de políticas laborales flexibles y cultura de corresponsabilidad. No por casualidad presentan mejores índices de salud, de equidad de género y de bienestar social.

No es necesario que Boric adhiera al pensamiento de Mussolini para que pueda gobernar utilizando herramientas propias del fascismo jurídico, como la Ley de Seguridad del Estado (que en campaña dijo que iba a derogar, pero apenas llegó al gobierno se la aplicó a Héctor Llaitul), o que, implementando el mandato de la Constitución de 1980, termine dictando una nueva Ley Antiterrorista.