Segunda Sala del tribunal de alzada "descartó ilegalidad o falta de fundamentación" en la resolución que ratificó la medida cautelar dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Exjueza está imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho y lavado de activos, los cuales habría cometido en el ejercicio de su cargo como ministra del máximo tribunal.

Denuncia presentada por la abogada Karina Riquelme apunta a la utilización de drones que son ubicados frente a las ventanas del domicilio donde vive la familia de Julia Chuñil, a lo que se suman una serie de amenazas que habrían realizado funcionarios policiales durante el proceso de toma de declaraciones.

El exsenador de RN aparece en la órbita diplomática del nuevo gobierno, mientras enfrenta un embargo por más de $314 millones

La sociología de las élites delincuentes de Pierre Lascoumes nos ofrece una lente poderosa para reinterpretar la crisis judicial chilena. Lo que desde una mirada superficial parece una contradicción (instituciones formalmente sólidas con casos graves de corrupción), desde esta teoría es la manifestación esperable de un sistema donde una élite ha operado con opacidad, márgenes de acción no controlados y una auto-regulación que ha sido cooptada para fines corporativos.

La jefatura inició procesos disciplinarios contra trabajadores que expresaron solidaridad con una funcionaria destituida.

Acusan que Fernando Rabat y Fernando Barros defendieron a Pinochet y relativizaron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Según la abogada defensora de Krassnoff, la idea del proyecto de la derecha es entregar una salida a un “problema carcelario”, para poder mantener en condiciones dignas a los reos enfermos y ancianos

El exsuboficial mayor de Carabineros ingresó a Colina 1 para cumplir 11 años de presidio efectivo por golpear con una luma en la cabeza a una niña de 14 años y provocarle ceguera legal permanente durante la revuelta social.

La Cátedra UNESCO de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano advierte que el proyecto de ley vulnera compromisos internacionales y envía un mensaje peligroso de normalización ante violaciones a los derechos humanos

"El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna", señala la resolución emitida por el magistrado Darío Díaz, quien fijó en 120 días el plazo de la investigación.