Especialista en Ética y Democracia advierte que la medida no garantiza la voluntariedad ni la seguridad de los migrantes en tránsito.

Según los antecedentes el dirigente sindical y miembro del partido Socialista fue detenido el 17 de septiembre de 1973. A partir de allí, inició un viacrucis por algunos de los centros de detención y tortura más emblemáticos de la dictadura de Augusto Pinochet.

A la fecha, la profesional se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde La Moneda informaron que asumirá en su cargo el 1 de enero de 2026.

Exalcaldesa de la UDI deberá responder por los ilícitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Una investigación sumaria, derivada de una denuncia anónima, revela contratos en República Dominicana, Argentina y Chile. La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo estimó que los hechos podrían configurar delito de negociación incompatible y remitió los antecedentes al Fiscal Nacional.

Según el fallo, la víctima que al momento de los hechos tenía 17 años. además de la tortura con electricidad, recibió golpes con palos y puños y fue sometido a simulación de fusilamiento por parte de efectivos de la Armada, entre septiembre y noviembre de 1973.

Se indagarán los presuntos delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, entre otros ilícitos, por parte de Andes Iron, controladores del proyecto minero-portuario "Dominga".

Diputado electo por el Distrito 8, Gustavo Gatica, llegó hasta los tribunales de justicia para participar en una nueva jornada de los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, el excarabinero imputado por haber disparado en su contra el 8 de noviembre de 2019.

Exalto mando de la dictadura, Sinclair acumuló causas por crímenes tras 1973; en 2023, la justicia lo eximió de cárcel por “enajenación mental”, en un nuevo capítulo de impunidad.

Reportea.cl reveló que los informes por los cuales la minera pagó más de 250 millones de pesos al estudio jurídico involucrado en la "trama bielorrusa" consisten principalmente en copias de datos públicos disponibles en internet. Mientras Andes Iron defiende la legalidad del contrato, el abogado litigante de la empresa declara no haber tenido conocimiento de esta asesoría paralela.