Chile avanza en acción climática con programas de energía limpia y financiamiento de iniciativas ambientales comunitarias, fortaleciendo participación ciudadana y desarrollo sostenible.

La propuesta de Parque Nacional contempla más de 13.000 hectáreas, incluyendo lagunas altoandinas que constituyen un hábitat crítico para el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), especie catalogada entre las más amenazadas a nivel mundial.

La iniciativa impulsada por Milei redefine la protección de glaciares y abre la puerta a actividades extractivas en zonas hoy vedadas. Desde la oposición advierten que el cambio sería una “regresión ambiental inconstitucional” y lo vinculan a exigencias de Washington.

Las expulsiones en áreas protegidas suman 524 casos en poco más de un año. En Torres del Paine se concentra la mayoría de los incidentes por riesgo de incendios, donde visitantes extranjeros lideran las infracciones por uso indebido de fuego.

La lucha de los pueblos originarios de Brasil logró la derogación de una medida, que careció de consulta previa a las comunidades y que amenazaba sus territorios y formas de vida a quienes habitan en cuenca de los ríos amazónicos Tapajós, Madeira y Tocantins

La solicitud de término anticipado apunta a omisiones críticas en el impacto ambiental y un posible fraccionamiento ilegal del proyecto.

La Red de Observadores de Aves de Tirúa advierte sobre la gravedad del escenario que enfrenta esta especie en peligro de extinción.

Comunidad Finca del Chañar, junto al Consejo Nacional del Pueblo Colla y la organización ambiental Codema, están impulsando una campaña de recolección de firmas con el objetivo de exigir al Estado de Chile y al Consejo de Ministros la ratificación inmediata de los acuerdos para la creación del Parque Nacional en el Salar de Maricunga.

Investigación fue liderada por el académico de la U. de La Serena y experto en Ecología Molecular, Dr. Nicolás Gouin, quien anunció que este año iniciarán un nuevo proyecto de monitoreo en distintos sectores de Monte Patria, durante tres temporadas, para evaluar la presencia de pesticidas, su relación con la biodiversidad de invertebrados y las respuestas a nivel molecular de ciertas especies sensibles.

“No solo se trata de un proyecto portuario de gran escala, también vemos que existen relaciones de sociedades empresariales cuestionadas, las cuales buscan aprovechar vacíos regulatorios donde operan”, advirtió Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que publicó un informe sobre esta iniciativa.