Previo a los incendios en Penco-Lirquén, la minera Aclara confiaba en que el gobierno de Kast agilizaría sus permisos de tierras raras. Tras la catástrofe, Kast defendió el proyecto, criticando las demoras ambientales. La comunidad denuncia que se prioriza la inversión en un territorio devastado, catalogado como zona de sacrificio.