La medición de octubre de la encuesta realizada por Activa Research arrojó que un 36,7% de la población tiene decidido rechazar la propuesta, mientras que solo un 12,3% está por aprobar.

El diputado Francisco Undurraga aseguró que "cualquier texto que salga en democracia es mucho mejor que un texto que se emane en dictadura", y que la propuesta que será sometida a plebiscito tiene "cosas buenas y cosas malas" como todas las Constituciones.

A fines de septiembre, Matthei dio dos entrevistas señalando que el Consejo Constitucional no tenía disposición de llegar a consensos, que el texto elaborado no tenía ninguna posibilidad de aprobarse y que ella no pondría su capital político a disposición de la propuesta. Un mes después de estas declaraciones, todo cambió para la alcaldesa de Providencia.

Académica Elisa Araya alertó que "entre tanta enmienda y votaciones, entre tanto artículo, comisión experta y observaciones, ha pasado desapercibido el tema de la gratuidad, que ha permitido a más del 50% de los estudiantes chilenos poder estudiar en la universidad, sin endeudarse".

A través de un comunicado, advirtieron que mantener el texto tal como está implicaría "profundizar y mantener las ya insostenibles críticas al sistema actual, manteniéndonos en deuda con la exigencia del sistema interamericano de contar con una judicatura independiente".

Jadue abordó las acciones que se han emprendido desde el Estallido social de octubre de 2019 y la falta de respuestas a las demandas que se expresó en las calles esos meses.

El presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, el organismo gremial que agrupa a los grandes empresarios del país, llamó a aprobar el texto para evitar mayor incertidumbre económica.

El economista y exconvencional anunció su voto a favor en el plebiscito del 17 de diciembre. Sin embargo, lejos de entregar argumentos sobre el contenido de la propuesta, aseguró que su voto se basa en la necesidad de asestarle una "derrota" al presidente Boric.

Cinco rectoras de universidades pertenecientes al CRUCH aseguran que las enmiendas que se introdujeron al texto atentan contra los derechos reproductivos, la paridad de género en política y con aspectos relacionados con la equidad y justicia en general.

La comisionada Antonia Rivas asegura que el artículo que establece que un niño es "todo ser humano menor de 18 años" podría ser utilizado en conjunto con otra norma aprobada por la derecha para declarar inconstitucional incluso la utilización de métodos anticonceptivos.