El reportaje desarrollada por el equipo de prensa del diario digital Resumen exponen las complejidades, contradicciones y voces silenciadas en torno a la posible explotación de tierras raras en la zona por parte de la empresa Aclara Resources (REE UNO SpA), centrándose en tres ejes fundamentales: la afectación al agua y recurso hídrico, la afectación a mujeres por parte de la minería y la afectación a comunidades locales.

Autoridades del Gobierno han descartado la tesis de la supuesta crisis migratoria en curso en el norte de Chile, destacando que el flujo que se observa en el Complejo Fronterizo Chacalluta es consistente con lo que se registra normalmente en esta época del año. Asimismo, cuestionan la politización con fines electorales respecto al tema migratorio.

El nuevo dictamen E121666 de la Contraloría desató una fuerte movilización de trabajadores de Mejor Niñez y Sename, quienes denuncian recortes salariales y vulneración de derechos laborales.

La propuesta de la DGA de cerrar el brazo del río Trafampulli generó preocupación entre comunidades de Caburgua, que temen efectos graves en el lago. Ante esto, el gobernador René Saffirio llegó al territorio y anunció acciones para frenar la medida.

El juicio del Caso Quilleco fue aplazado por segunda vez por falta de jueces, dejando a cinco imputados mapuche en prisión preventiva por más de dos años. La defensa acusa vulneración del debido proceso.

Entre los métodos de tortura aplicados por los agentes del Estado al servicio de la dictadura en contra de las 15 víctimas figuran: aplicación de corriente eléctrica; simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con armas de fuego; golpizas sistemáticas; privación de alimento y agua, obligación de beber orina; obligación de correr o trotar descalzo sobre piedras punzantes, rocas o cactus, condiciones de hacinamiento en calabozos y amenazas con vehículos, entre otros.

Registros bancarios obtenidos por CIPER revelan seis transferencias por un total de $19,5 millones que llegaron a Manuel Guerra entre el 24 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2024, desde la red de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran en prisión preventiva por su vinculación el la trama bielorrusa.

Héctor Espinosa fue hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, tras sustraer al menos $146 millones en fondos reservados, y de realizar maniobras de ocultamiento junto a su esposa, María Magdalena Neira. “Nos parece que la pena se enmarca dentro de una investigación de delitos graves asociados a la máxima investidura dentro de la PDi", señaló ministro de Seguridad Pública.

El origen del caso se remonta al año 2021 y está relacionado con un proyecto del Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de familias que residen en campamentos, según informó el medio local Pura Noticia.

Si bien la Comisión de Defensa había propuesto rechazar la norma, la Sala dijo otra cosa y la respaldó por amplia mayoría.