La derecha vuelve a empujar un proyecto que abre la puerta a conmutar penas y “cumplimientos alternativos”, una iniciativa que en la práctica podría terminar beneficiando a condenados por violaciones a los derechos humanos. En Chile, la memoria no es pasado: es una batalla del presente.

Iniciativa fue presentada por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel. Previo a la votación, la senadora Fabiola Campillai manifestó que la propuesta forma parte de una "estrategia política evidente", que parece "diseñada para allanar el camino a una agenda de impunidad bajo el próximo gobierno entrante, quien no dudará en instrumentalizarla para liberar a criminales de lesa humanidad".

Ahora, la propuesta será discutida por la Comisión de Constitución del Senado, abriéndose un periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo. Tras la votación, la senadora Yasna Provoste hizo una reserva de constitucionalidad pues a su juicio, el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile.

Desde Teherán, sin filtros: Amin Sabouri recorre la plaza Nilufar y muestra el saldo real de los bombardeos de EE.UU. e Israel: locales destruidos y una zona cotidiana arrasada. “Mis amigos están muertos allá”, dice, y cuestiona una “liberación” que llega en forma de bombas.

Señalan al diplomático por distorsionar la realidad del conflicto y de agraviar al Estado chileno con acusaciones de discriminación religiosa.

Mientras a millones les alcanza apenas para llegar a fin de mes, Capredena sigue pagando pensiones millonarias a cuatro condenados por violaciones a los DD.HH. en ex Punta Peuco: en un año sumaron más de $121 millones, con Miguel Krassnoff cobrando hasta $3,7 millones mensuales.

Legisladora advirtió que la propuesta forma parte de una "estrategia política evidente", diseñada "para allanar el camino a una agenda de impunidad bajo el próximo gobierno entrante, quien no dudará en instrumentalizar esta ley para liberar a criminales de lesa humanidad y, con ellos, abrir las puertas a violadores, asesinos y pedófilos".

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

Fallo judicial estableció que, sin que mediara agresión alguna ni presencia de terceros, el carabinero apuntó en 90° su arma de fuego -una escopeta marca Hatsan, modelo escort, para munición menos letal de 12 mm- en dirección a la víctima, efectuando un disparo directo a su rostro, causándole la pérdida total e irrecuperable de la visión en su ojo izquierdo.

A inicios de 2026, Chile fue sacudido por un escándalo en torno a la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez