Cada año, alrededor de 24 mil objetos se pierden al interior del Metro de Santiago, de los cuales 2.500 se caen al sector de los rieles del tren.

El 22 de julio de 2025, la CIDH notificó al Estado de Chile su decisión de otorgar medidas cautelares a favor de Julia Chuñil, solicitándole que "redoble los esfuerzos" para determinar su situación y paradero. Para la abogada Mariela Santana, una de las profesionales que presentó la acción ante la CIDH, esta negativa del Ministerio de Seguridad confirma que el Estado chileno "no ha comprendido ni asumido el estándar reforzado que implica 'redoblar los esfuerzos' en el contexto de una medida cautelar internacional".

Ecosistema está reconocido y delimitado como humedal urbano de acuerdo a la Ley 21.202. Acción judicial, presentada por la Fundación Protege Los Molles, denuncia que en el entorno inmediato del lugar se han instalado vehículos 'food trucks', trayendo consigo la habilitación informal de estacionamientos y el uso 'recreacional' intensivo del borde del humedal, a lo que se suman episodios reiterados de vertimientos y descargas asociadas a actividades comerciales que han alterado la calidad del agua.

Un sumario reveló las gestiones habría realizado Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que un notario que le había transferido $54 millones fuera nombrado en La Cisterna

El militante de las Juventudes Comunistas fue víctima de un doble cautiverio: primero en 1974 a manos del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en Linares, donde sufrió torturas, y luego en 1979, cuando fue recapturado por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en Santiago

Dentro de los apremios acreditados se estableció que, por orden de un funcionario, un perro policial atacó con mordidas a una persona en medio de un procedimiento. La jefa de la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, señaló que "este es el primer caso en democracia en que se configura la tortura mediante el uso de animales".

Luis Cordero apuntó al cannabis como principal responsable por el alza de los delitos asociados a drogas, postura que fue criticada por Gazmuri: "Culpar a los usuarios y no a su negligente rol regulando la sustancia que produce más del 80% de las incautaciones, es un absurdo. Miren lo que hacen en Alemania, Canadá, Uruguay: regular y arrebatarle el mercado al narco", planteó la diputada, denunciando además que el gobierno ni siquiera ha sido capaz de bajar los protocolos del cultivo para uso medicinal (ley 21.575). "Negligencia pura", dijo.

El documento denunció un "clima generalizado de impunidad" ante las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las autoridades israelíes: "La impunidad no es abstracta: mata. La rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera", señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Fiscal Christian González indicó que los condenados actuaron bajo la creencia errónea de que la víctima estaba cometiendo un delito de robo, circunstancia que no era efectiva, ya que se encontraba en el sector bajo los efectos del alcohol y drogas, escondiéndose de supuestas personas que según él lo perseguían.

Casa de estudios universitaria condicionó la aplicación de protocolos especiales a la firma de un documento de "consentimiento informado", lo cual contradice la normativa vigente que regula las obligaciones de los prestadores de servicios educacionales de nivel superior.