El Gobierno de Milei, intervino el Puerto de Ushuaia mediante Resolución 4/2026, tras una gestión provincial denunciada por desvíos y desinversión. La medida, anticipada por Agenda Malvinas, desata acusaciones de avasallamiento federal y alertas sobre riesgos de privatización y cesión de soberanía logístico-antártica a intereses extranjeros.