De acuerdo con la justicia el ex jefe comunal habría adjudicado licitaciones y tratos directos, a cambio de recibir pagos, vehículos, uso de tarjetas de crédito y otros beneficios de empresarios vinculados a la municipalidad. También se decretó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía defendió la gravedad de los antecedentes, mientras la defensa insistió en que no hubo impacto real en las resoluciones judiciales.

Más de 140 juristas internacionales firmaron una presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

El veredicto del juicio oral contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar y causar la doble mutilación ocular y del entonces estudiante y hoy diputado electo, se conocerá el martes 13 de enero. La defensa afirma que actuó ajustado a protocolos y bajo legítima defensa, mientras la acusación argumenta que "buscaba lesionar" , evidenciando un desprecio por la normativa.

El fallo se fundamenta en el relato que el propio denunciante presentó ante la Comisión Valech y en los antecedentes judiciales. La resolución escribe dos episodios de secuestro y tormento ocurridos en marzo de 1988, cuando el joven vivía con su familia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Iniciativa explicita el mandato para que los tribunales informen sobre las condenas por VIF a la Superintendencia de Pensiones, en cuanto órgano regulador, el cual entregará la información a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y aseguradoras. Ministra Antonia Orellana participó en la sesión y destacó el alcance del proyecto.

Profesora jefe no activó el protocolo de convivencia escolar establecido en el reglamento interno del colegio a pesar de recibir una denuncia formal, apuntó el fallo. Hechos ocurrieron en el Colegio San Lázaro, perteneciente a los Hermanos La Salle, que ahora deberán pagar más de $30 millones de indemnización.

Exjefe comunal fue encontrado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos -en perjuicio de la municipalidad- y lavado de activos, cometidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023: "No fue un error administrativo ni una falta menor: fue el saqueo de recursos municipales por parte de quien debía cuidarlos. Mientras vecinas y vecinos esperan soluciones, el alcalde usó la plata de todos como si fuera propia", cuestionó la diputada de San Antonio, Camila Rojas.

Ente contralor pide que la exalcaldesa UDI y 11 exfuncionarios devuelvan $1.122.359.123, que sería el total del perjuicio económico al patrimonio municipal de Viña, ocasionado por "sus conductas negligentes", apuntó la entidad fiscalizadora.

Prometió enfocar su gestión en la transparencia institucional, el trato igualitario y la urgencia de reformar el sistema de nombramientos.