En Argentina resaltan el contraste con Chile con respecto a la respuesta a incendios en la Patagonia. En el país trasandino, señalan que Milei no visitó la zona, no hay detenidos y hoy enfrenta una marcha de protesta en Buenos Aires denunciando abandono y recortes presupuestarios.

Previo a los incendios en Penco-Lirquén, la minera Aclara confiaba en que el gobierno de Kast agilizaría sus permisos de tierras raras. Tras la catástrofe, Kast defendió el proyecto, criticando las demoras ambientales. La comunidad denuncia que se prioriza la inversión en un territorio devastado, catalogado como zona de sacrificio.

En Entrevista Ciudadana, la abogada Karina Riquelme abordó los casos documentados en su libro [In] Debido Proceso, donde acusa un patrón de persecución penal y vulneración sistemática de derechos contra el pueblo mapuche.

El Gobierno de Milei, intervino el Puerto de Ushuaia mediante Resolución 4/2026, tras una gestión provincial denunciada por desvíos y desinversión. La medida, anticipada por Agenda Malvinas, desata acusaciones de avasallamiento federal y alertas sobre riesgos de privatización y cesión de soberanía logístico-antártica a intereses extranjeros.

Organizaciones denuncian montaje judicial contra hijos de la defensora mapuche Julia Chuñil, desaparecida. Acusan a la fiscalía de usar testigos dudosos, omitir líneas investigativas clave y criminalizar a la familia. Exigen investigación transparente y responsabilizan al Ministerio Público. La CIDH ya había requerido al Estado intensificar la búsqueda. Las organizaciones llaman a a desenmascarar “este montaje para saber dónde está Julia Chuñil y seguir exigiendo una investigación exhaustiva, veraz y transparente”.

Una pobladora de Lirquén, tras el incendio devastador, responsabiliza a minera y forestales. Declara al sector "zona de sacrificio" y pide ayuda práctica, no política, para reconstruir la comunidad casi completamente destruida: “Más del 90 %” señala. El llamado fue recogido por Radio Kurruf.

Desde Fiscalía informaron que a la uniformada se le imputó su participación en un segundo hecho criminal: "Se concertó y coordinó con la organización delictual que construyó un túnel de 15 metros para robar una bóveda de la empresa Prosegur, descubierto el 11 de febrero de 2024, ocasión en la cual ella tendría el rol de distraer a los efectivos policiales con el fin de que el robo se concretara", indicaron desde el Ministerio Público.

En su fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que "la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental de la persona privada de libertad, está estrictamente prohibida", lo cual no ocurrió en Brasil con el exfrentista, que fue sometido a un régimen disciplinario diferenciado (RDD) entre febrero de 2002 y noviembre de 2006, sin ningún argumento legal que justificara tal decisión.

En el encuentro, realizado en Santiago, se abordó lo que fue la primera reclamación de una organización sindical de trabajadores a honorarios en contra del Estado de Chile, ingresada a fines de 2025 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el Sindicato Sintrac.

De esta manera, la Fiscalía quedó en condiciones para solicitar la orden de arresto y formalización de la exjueza por los delitos de cohecho y lavado de activos.