En 2025, organismos internacionales han destacado la Ley Lafkenche como modelo global de derechos indígenas y conservación marina. Sin embargo, en Chile enfrentó un asedio legislativo impulsado por la industria salmonera y sectores políticos, que buscan modificarla pese a que datos oficiales no registran abusos en su aplicación.

El Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago fundamentó su decisión en "la edad de la demandante y su entorno familiar, la extensión temporal de la detención de su padre y los apremios ilegítimos y torturas de que fue víctima, así como las secuelas provocadas a raíz de ellos, en particular, en lo referente a la salud mental de la actora y las repercusiones en su ámbito familiar".

El Censo 2024 reveló que el 11,5% de la población en Chile se identifica como indígena, totalizando 2,1 millones de personas. El pueblo mapuche concentra más del 77% de ese total, con fuerte presencia en la Región Metropolitana y el sur del país, confirmando procesos de urbanización y arraigo territorial.

SUBPESCA declaró favorable el pronunciamiento de la CRUBC de La Araucanía sobre el ECMPO Tirúa-Danquil, aplicando el silencio administrativo positivo tras no alcanzarse quórum. El avance se suma a la contundente aprobación previa de la CRUBC del Biobío, consolidando una solicitud bi-regional de comunidades lafkenche.

A casi un año y dos meses de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, su familia y comunidad llaman a una nueva jornada de movilización este jueves 8 de enero de 2026, convocando a comunidades, organizaciones y personas conscientes a levantar el Newen en todos los territorios para exigir verdad y justicia.

En una declaración tras el triunfo presidencial de José Antonio Kast, la Plataforma Política Mapuche calificó el resultado como una “derrota cultural” para las fuerzas progresistas e indígenas, advirtió un “retroceso estratégico” y llamó a enfrentar de manera unitaria el nuevo ciclo, poniendo en el centro la defensa de la Ley Indígena, la Ley Lafkenche, el Convenio 169 de la OIT y las próximas elecciones del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de la CONADI.

La CRUBC de Aysén rechazó por segunda vez los ECMPO de comunidades indígenas, desacatando un fallo de la Corte Suprema que ordenaba revisar el proceso. Las comunidades habían propuesto reducir las áreas para compatibilizar usos. Expertos denuncian que medios empresariales de prensa han desinformado sobre el impacto real de estas figuras legales.

“Como pueblos y mujeres originarias defensoras del mar seguimos transmitiendo conocimientos ancestrales, protegiendo nuestros territorios y sosteniendo prácticas que permiten la continuidad de la vida en nuestros territorios y en el océano”, señala la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar.

A pesar de que las comunidades Antünen Rain y Pu Wapi propusieron reducir la superficie de sus peticiones y buscaron instancias de diálogo, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero se negó a dar curso a los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, en un proceso que ya acumula siete años de dilación.

La Corte de Apelaciones de Temuco determinó que “no se consignó la existencia de ninguna hipótesis de flagrancia, ni se verificó que los amparados hubiesen realizado conducta alguna que justificara el empleo de técnicas coercitivas de inmovilización, ni mucho menos que legitimara la aplicación de fuerza potencialmente lesiva, como compresión cervical o reiterada exposición a sustancias irritantes”.