La defensa de la exministra Ángela Vivanco recurrirá ante la Corte Suprema tras la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago que dio curso a la querella de capítulos en su contra por presuntos delitos de corrupción relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal del país como la conocida "trama bielorrusa".

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen millonarias transferencias por más de $250 millones desde Dominga a la oficina de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados en la trama Bielorrusa, además de pagos a la esposa del ministro Jean Pierre Matus en el mismo período en que el juez falló a favor de la minera.

"Llamamos al pueblo de Chile y sus organizaciones, a expresar su rechazo a esta inaceptable posición del Presidente electo, José Antonio Kast, que no sólo pone a nuestro país al margen del Derecho Internacional rompiendo la tradición de ser un Estado promotor de la paz y la seguridad internacional, sino además alimenta una agresión ilegítima en contra de un pueblo hermano con impredecibles consecuencias", plantearon desde la Asociación de Juristas por la Democracia, la Asociación Americana de Juristas y la Plataforma Internacional por los DDHH.

Emergencia se originó en un taller mecánico, donde los imputados utilizaron herramientas eléctricas, las que por su uso en metal crearon chispas, fuente de calor que alcanzó a pastizales, iniciándose el fuego. Este actuar fue calificado por el Ministerio Público como "imprudente, no sólo por realizar los trabajos sobre una superficie combustible, sino también por no considerar el fuerte viento que se registraba".

“Los videos muestran con nitidez la forma antirreglamentaria que efectúa los disparos Claudio Crespo apuntando hacia el tercio superior de los manifestantes, lo que estaba expresamente prohibido por la reglamentación de Carabineros que obligaba a disparar al tercio inferior”, afirmó Gajardo durante la presentación de los alegatos de clausura.

"Resulta evidente que ministros que han reconocido haberle pedido favores a Manuel Guerra para beneficiar su postulación a cargos judiciales, no están en una posición objetiva de imparcialidad para resolver la querella de capítulos en contra de ese ex fiscal en la que se le imputan actos de corrupción", planteó el abogado querellante Mauricio Daza.

Entre 2023 y 2024, la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como la Tía Rica, permitió operaciones reiteradas por más de $7.000 millones anuales y registró 1.681 personas con antecedentes penales que empeñaron bienes por $1.507 millones sin que el servicio realizara denuncias ni entregara antecedentes a las autoridades.

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Magistrada se hizo cargo de este caso en septiembre de 2023, en reemplazo de la ministra Romy Rutherford. Esta semana, se encausó a Rodrigo Urrutia Oyarzún, María Cecilia Soria Solorzano y Sergio Bulnes Barba, como autores de fraude al Fisco, "por un perjuicio total de $49.321.039, equivalente a 1080,819 UTM, de acuerdo con su valor a la época", se lee en la resolución. 

El tribunal enfatizó que Vivanco aceptó retribuciones económicas por parte de 2 abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM, "conociendo su origen ilícito" y usando dicho dinero "con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados aludidos en los cuatro capítulos de la acusación en análisis".