“Me voy con la frente en alto y con la convicción de que se ordenó con criterios de justicia la lista de espera en materia de aplicabilidad y restitución territorial”, declaró el abogado Álvaro Morales Marileo

Al alinearse con la postura de Washington para ir en contra de la gran mayoría de países, Chile quedó en una posición minoritaria y aislada

Senadores del Frente Amplio, el PS y el PPD advierten que el proyecto “conmuta las penas a los criminales y los devuelve a sus casas” y representa “un atentado contra la dignidad de familias que siguen buscando a sus seres queridos”

Los antecedentes de este caso fueron revelados esta semana por el medio Reportea, que dio conocer las conclusiones de la investigación de la Superintendencia en la U. San Sebastián. Allí, se apunta a contrataciones y pagos irregulares que involucran a la exministra Marcela Cubillos, al exfiscal Manuel Guerra (hoy en prisión preventiva) y al senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, entre otros.

Para el abogado, uno de los hechos importantes que estableció la resolución del juez de garantía contra Guerra, tiene que ver con el beneficio que recibió el exfiscal por sus favores a Luis Hermosilla: la posibilidad de entrar a trabajar a la Universidad San Sebastián, momento donde aparece la figura del exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, como la persona que habría entregado directamente este "pago de favores" al procesado expersecutor.

"Mientras las potencias occidentales, bajo la dirección de Washington, perfeccionan sus mecanismos de guerra híbrida, sanciones y asfixia económica, las fuerzas populares no pueden permitirse el lujo del sectarismo. El arsenal teórico acumulado es inmenso y constituye nuestro principal cimiento, pero bajo ninguna circunstancia debe ser nuestra cárcel".

El diputado liderará la instancia clave para abordar materias como inteligencia artificial, innovación y nuevas industrias, con foco en empleo, talento joven y reglas que protejan a las personas

La arremetida de Kast contra 43 decretos ambientales desató una ofensiva de cientos de organizaciones, que advierten retrocesos profundos en protección ambiental y derechos de las comunidades.

La magistrada Gloria Ana Chevesich advirtió que la medida podría ocasionar problemas "para que los tribunales puedan tener su dotación, para pagar remuneraciones y las eventuales suplencias".

"El proyecto de negociación ramal —que permitía a trabajadores y empleadores de un mismo sector acordar estándares mínimos sobre salarios, productividad y condiciones laborales— era una aspiración histórica de la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, durante la administración Boric, la iniciativa avanzó con una lentitud que terminó siendo fatal. Anunciada en la Cuenta Pública de 2024, diseñada durante 2025, recién fue ingresada al Congreso en enero de 2026, a solo dos meses del término del mandato".