El presidente de la organización sindical, Mario Troncoso, señaló que "a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica, y se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020".

"La comunidad, los trabajadores y principalmente los dirigentes sindicales de base tienen que saber que esto es ilegal, es arbitrario. No está contemplado en nuestro estatuto y por tanto es carente de toda legitimidad", denunciaron desde el Sindicato Chuquicamata.

El sindicato de trabajadoras y trabajadores de BlueLink International Chile, empresa de call center que presta servicios a las aerolíneas Air France y KLM, anunció este lunes 3 de noviembre su decisión de ir a huelga tras rechazar la última oferta de la administración. La medida se adopta en el marco de su primera negociación colectiva, iniciada en septiembre, luego de que la empresa ofreciera solo el piso legal, sin mejoras en salarios, horarios ni beneficios.

Profesionales recordaron a la opinión pública que "para hacer frente al impacto económico de la pandemia y dar viabilidad a una compañía que estaba al borde del precipicio, los pilotos estuvieron disponibles para reducir sus ingresos a la mitad. 5 años después, son el único estamento de Latam que no ha recuperado las condiciones previas a 2020". Negociación con la empresa continúa ahora con la mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo.

Los sindicatos denuncian que la dirección del mercado, que se mantiene en el poder desde 1989. obliga a pagar altas tarifas a usuarios y locatarios por concepto de ingreso, comercialización, arriendo y otros.

"Lo más grave es que estas conductas ocurren en una empresa pública, lo que pone en entredicho el compromiso del Estado de Chile con la libertad sindical y los convenios internacionales de la OIT", señalaron desde la organización, exigiendo al Gobierno y al directorio del SEP instruir una "investigación inmediata y transparente".

Trabajadoras y trabajadores del SEA recurrieron al Presidente después de un año de denuncias formales por maltrato y acoso laboral, dos fallos judiciales favorables a los denunciantes, y una reciente resolución de la Contraloría que ordenó reabrir un sumario administrativo por graves irregularidades en su tramitación. Funcionarios apuntan como responsable al jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac).

Trabajadores han contado con el acompañamiento técnico y jurídico de la Defensoría Popular de Trabajadores, cuya participación ha contribuido a fortalecer la legitimidad institucional del proceso y a garantizar que cada avance esté respaldado por criterios técnicos y jurídicos sólidos.

Trabajadoras y trabajadores acusan un abuso sistemático del artículo 161 del Código del Trabajo, que permite desvincular por “necesidades de la empresa”, mientras el grupo se expande en América Latina y Estados Unidos y registra utilidades millonarias.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo determinó que La Polar no logró acreditar fehacientemente os hechos que se imputaron al trabajador demandado para solicitar su desafuero sindical.