"Una vez más persecución y criminalización son las estrategias con las que el Estado de Chile ha respondido a las legítimas acciones de protesta social por parte de pueblos indígenas. Esta vez contra el Pueblo Rapa Nui y sus líderes, quienes reivindican su derecho de propiedad ancestral sobre un territorio que les pertenece desde tiempos inmemoriales y que el Estado se ha adjudicado como propiedad fiscal, negándose a su restitución", asevera el organismo.