Frente a la decisión del Tribunal Constitucional y la presión ejercida por la multinacional Mowi, el Centro Ecocéanos señala que “este manejo corporativo deja en evidencia el intento de la industria salmonera de convertir al Estado del país sudamericano en un sumiso empleado que avale su destructivo comportamiento sanitario-ambiental, lo cual genera un peligroso precedente donde los regulados del sistema pesquero y acuícola, imponen su ley”.